En esto sí están de acuerdo todos los partidos: no trabajar en el mes de enero

A pesar del último año de parálisis institucional, desencallada con la investidura in extremis de Mariano Rajoy, el calendario parlamentario no registrará variaciones para acelerar el trabajo acumulado.

Como es habitual, enero seguirá siendo un mes de vacaciones para los diputados. Por el momento, ningún grupo político ha solicitado petición alguna para que en este mes se celebren plenos, de forma que la única actividad será la de la habitual en casos de «letargo» del Congreso: la Diputación Permanente –el órgano que asume las funciones de representación de la Cámara– y las comparecencias de algunos ministros en sus respectivas comisiones.

Entre ellos, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien acudirá a la comisión de su ramo el próximo 12 de enero para detallar las líneas generales de su departamento y los últimos cambios tributarios.

La Constitución ampara, en su artículo 73, que enero, julio y agosto sean meses de cierre en el Congreso. Pero ello no evita que, a iniciativa de los grupos, se pueda proceder a habilitarlo como tiempo laboral, como así se hizo en 2010. El acuerdo de todos los portavoces parlamentarios permitió entonces agilizar la actividad parlamentaria sin pasar ni por la reforma del Reglamento del Congreso ni de la Carta Magna.

Entre tanto, el registro oficial de la Cámara vive un trasiego tan excepcional como la situación política en la que vive España desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Algo desconocido en otras legislaturas, fruto, sobre todo, de la irrupción de dos formaciones nuevas, Podemos y Ciudadanos. Desde el inicio formal de la legislatura, el pasado 19 de julio, los grupos han registrado hasta 8.736 iniciativas parlamentarias, entre las que figuran peticiones de comparecencias de ministros, interpelaciones urgentes o proposiciones de ley.

Sin Presupuestos hasta marzo

El debate sobre las vacaciones parlamentarias no es nuevo, aunque cobra si cabe más significado en una legislatura como la actual, y con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en un estado de impasse absoluto. Fuentes parlamentarias asumen que la negociación de las cuentas públicas no arrancará en firme, como mínimo, hasta la última semana de enero, lo que implicará que hasta el mes de marzo no puedan ser aprobadas. Un retraso de otro mes más que, paradójicamente, contrasta con la insistencia de todos los grupos por activar el trabajo retrasado en los últimos meses.

Por ahora, el Gobierno apenas ha esbozado las líneas generales de esos Presupuestos, que empezará a detallar a partir de esta semana, una vez aprobado el techo de gasto. Ese trámite, base para las próximas cuentas, se ha superado este jueves, con el voto de PP, PSOE y Ciudadanos.

Aunque en las últimas semanas se han producido conversaciones para sondear el apoyo a las cuentas, el Ejecutivo ha preferido respetar los tiempos parlamentarios y esperar a esa votación para poner en marcha la negociación formal, en la que los populares quieren sumar al PSOE.

Aunque los socialistas mantienen que no apoyarán los Presupuestos, el buen clima en las negociaciones para el techo de gasto y los objetivos de cara a Europa dan esperanzas al Gobierno. El hecho, insisten desde Hacienda, de que las medidas fiscales hayan sido “contrastadas” con los socialistas supone también una “gran oportunidad” para que se alcance un acuerdo de Estado en materia presupuestaria. Ello no implica que el trabajo sea arduo, asumen, y la negociación compleja, vía enmiendas.

Los planes de la dirección socialista pasan por presentar una enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno para después, ir acordando enmiendas parciales que permitan incorporar en las cuentas finales parte de su programa social. En fuentes parlamentarias del PP se admite que la negociación de esas enmiendas será “flexible” a fin de atraer a los socialistas a la aprobación final de las cuentas.